El Mollar, Tucumán. El conflicto por terrenos en el loteo “Gaucho Castro”, ubicado en cercanías del Dique La Angostura, sigue escalando. Vecinos de la zona acusan al Gobierno provincial de actuar de manera arbitraria, mientras las autoridades aseguran que las tierras son fiscales y que las construcciones realizadas allí son ilegales.

Desde octubre, el Ejecutivo provincial intensificó los controles en el área, argumentando que muchas edificaciones se levantaron sin permisos correspondientes. Para evitar nuevas ocupaciones, el Gobierno implementó una medida cautelar de “no innovar”. Sin embargo, las familias que habitan el lugar afirman haber comprado los lotes de manera legítima y denuncian sentirse criminalizadas por las autoridades.

Entre los propietarios afectados está María Argañaraz, quien asegura haber adquirido su lote de buena fe. “Esto fue un avasallamiento del Gobierno. Tengo documentos que prueban que todo se hizo de manera legal: boletos de compraventa, planos certificados y habilitaciones de servicios básicos”, declaró en diálogo con LA GACETA.

Argañaraz presentó pruebas que incluyen documentos certificados por escribanos y registros en Catastro. Según la propietaria, el delegado comunal de la zona había validado los trámites en reuniones previas.

“Nos llaman usurpadores, pero cumplimos con todo lo que nos pidieron. Ahora dicen que estas tierras son fiscales, pero nunca nos informaron nada cuando realizamos los trámites”, expresó.

La postura del Gobierno

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que las tierras en cuestión son intransferibles y que las construcciones no cuentan con los permisos legales. Además, acusan a los vecinos de desobedecer la medida judicial vigente.

En uno de los casos más extremos, un vecino fue detenido con prisión preventiva por continuar con las obras, lo que aumentó la tensión en la zona.

Denuncias de estigmatización

Los vecinos también expresaron su preocupación por las consecuencias sociales del conflicto. “Nos están señalando como delincuentes. Mi hija es discriminada en la escuela por esta situación. Esto nos afecta en todos los niveles”, afirmó Argañaraz.La comunidad, compuesta por unas 20 familias, asegura que las irregularidades no son responsabilidad de los compradores, sino de quienes les vendieron los lotes. “Si hubo un error, fue de las autoridades que validaron nuestros papeles. Nosotros actuamos de buena fe”, señalaron.

Reclamos y futuro incierto

Los propietarios exigen que la Justicia intervenga rápidamente para aclarar la situación y solicitan un diálogo abierto con las autoridades provinciales.

“Queremos que investiguen. Si algo estuvo mal, no fue por nuestra culpa. Necesitamos respuestas claras y soluciones concretas”, concluyeron los vecinos.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene los controles en la zona y colocó carteles que identifican el área como protegida y bajo la medida de “no innovar”. El conflicto permanece sin resolver, dejando a las familias en un estado de incertidumbre.

Fuente:La Gaceta