Profesionales vinculados a la atención de personas con discapacidad se manifestaron este jueves en la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán para visibilizar la profunda crisis que atraviesa el sector. La protesta reunió a psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos, docentes integradores y choferes de transporte especial, quienes denunciaron recortes en prestaciones, retrasos de hasta ocho meses en los pagos y bajos honorarios.
La movilización se enmarcó dentro de una jornada nacional con epicentro en el Congreso de la Nación, donde se reclamó por la sanción de una Ley de Emergencia en Discapacidad. En Tucumán, los manifestantes se congregaron frente a Casa de Gobierno desde las 10 y pidieron al Ejecutivo provincial que interceda ante Nación para destrabar los fondos adeudados y garantizar la continuidad de los tratamientos.
“Nos deben desde octubre del año pasado. Las obras sociales no solo no pagan, sino que además están reduciendo las sesiones. Esto afecta a niños, adultos y adultos mayores con diferentes discapacidades”, expresó Valeria Jiménez, psicopedagoga independiente. Señaló también que muchos prestadores deben viajar al interior para trabajar, y ya no pueden cubrir ni los gastos de traslado.
Otra de las voces fue la de Jéssica Ciccioli, fonoaudióloga, quien apuntó contra la burocracia del sistema: “Para cobrar debemos presentar informes, fichas, planificación… pero a la hora de recibir el pago todo es un desastre. Queremos que se cumpla la ley y que nos escuchen”.
Durante la protesta, choferes de transporte especial cortaron parcialmente el tránsito en la esquina de 25 de Mayo y San Martín, lo que generó la intervención de la Policía. Los efectivos pidieron a los manifestantes que regresen a la plaza para liberar la circulación.
“Solicitamos una audiencia con el ministro Medina Ruiz o con el gobernador. Nos dijeron que si no nos íbamos, no nos dejaban pasar. Nos acusan de que la protesta no es pacífica, cuando nosotros solo pedimos lo justo”, relató Nicole Conesa, otra de las manifestantes. Agregó que el sistema público de salud no alcanza a cubrir la demanda: “Hay dos centros de atención infanto juvenil en toda la provincia y la lista de espera es de dos años. Nosotros seguimos pagando alquiler, transporte, matrículas, contadores y la AFIP nos descuenta antes de que cobremos. No vivimos del amor al prójimo. Vivimos con un sueldo que hoy no llega”.
