Un nombre ha sido repetido en dos investigaciones vinculadas con el presunto manejo irregular de fondos municipales en Tucumán. Se trata de Jorge Pérez, quien se desempeñó como secretario de Hacienda en Simoca y, desde julio de 2024, ocupa el mismo cargo en Famaillá. En ambos casos, denuncias han sido formuladas ante organismos judiciales por sospechas de desvío de recursos públicos.
En Simoca, una denuncia fue presentada en marzo de 2024 por el concejal opositor Luis Escobar, quien advirtió un faltante de $2.130 millones en el balance financiero del municipio correspondiente a 2023. Según sostuvo, la diferencia fue detectada al comparar las cifras del municipio con las que habían sido publicadas en decretos provinciales. A pesar del reclamo, la rectificación del balance fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante, y la causa fue desestimada por el Ministerio Público Fiscal. Una apelación ya ha sido impulsada por el edil.
«Se escaparon sin dar explicaciones», cuestionó Escobar, en referencia a Pérez y al contador general Raúl Alderete, quienes presentaron sus renuncias tras la denuncia. “No tengo dudas de que Simoca va a ser investigado por la Procelac”, advirtió.
Mientras tanto, en febrero de este año, una denuncia fue elevada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ante la Justicia Federal, luego de que extracciones sospechosas fueran identificadas en los municipios de Banda del Río Salí, Lules, Monteros y Famaillá. En este último, se detalló que más de $11.000 millones fueron retirados en efectivo mediante cheques por ventanilla, entre enero de 2023 y junio de 2024.
En el informe de la Procelac, el nombre de Jorge Pérez fue incluido como uno de los firmantes autorizados. No obstante, desde el municipio de Famaillá se aclaró que el período en el que Pérez asumió funciones no coincide con el que está siendo investigado. Según fuentes oficiales, su inclusión podría haberse producido al haberse solicitado al banco información actualizada sobre los firmantes.
«El mismo modus operandi está siendo utilizado», aseguró Escobar, quien no descartó que los fondos públicos hayan sido usados para fines políticos. “Es preocupante cómo se están comprando voluntades”, manifestó.
Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo explicó que el informe de la Procelac recopila operaciones bancarias que deben ser analizadas, pero que no acusan directamente a personas ni determinan delitos consumados. También señaló que los hechos no fueron cometidos durante su mandato y sugirió que la selección de municipios podría no ser casual.
El caso de Jorge Pérez ha sido colocado en el centro del debate sobre la transparencia y el control de los fondos municipales en Tucumán. Mientras tanto, las causas siguen su curso en distintas jurisdicciones y las sospechas han sido alimentadas por la coincidencia de nombres y procedimientos.
