El caso involucra la comercialización de mercadería destinada a personas en situación de vulnerabilidad. Dos mujeres cumplirán tareas comunitarias y deberán pagar una reparación económica.
La investigación por la venta ilegal de alimentos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social tuvo un giro este lunes: dos de las acusadas lograron evitar el juicio oral al acceder a un régimen de probation. La causa sigue abierta para quien sería el principal responsable de la maniobra.
El caso se originó a fines de noviembre de 2024, cuando la Policía allanó el domicilio de Juan Alberto López Cansillieri en Manantial Sur, en el marco de una causa de violencia de género. En el lugar hallaron una enorme cantidad de alimentos no perecederos, que debían haber sido destinados a comedores sociales y personas vulnerables.
Entre los productos secuestrados había 792 cajas de puré de tomate, 615 botellas de aceite, 900 paquetes de arroz, 1.180 de yerba, 945 de fideos, 1.190 de harina, 1.010 de lentejas, 790 de azúcar y 40 unidades de leche en polvo. También se encontraron anotaciones y elementos que indicaban que estos alimentos estaban siendo comercializados.
Tras una extensa investigación liderada por la fiscala Mariana Rivadeneira, fueron procesados López Cansillieri, su padre Alberto López, Arturo Alejandro Augier, Soledad Décima y Brenda Muñoz. La mercadería era desviada y vendida a comercios y particulares.
Con el avance del expediente, varios de los acusados colaboraron con la causa y reconocieron su participación. López y Augier aceptaron un juicio abreviado, con condenas condicionales de tres años. López, además, fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
En las últimas horas, Brenda Muñoz (pareja de López) y Soledad Décima accedieron a la suspensión del juicio a prueba. La jueza Fanny Siriani estableció que ambas deberán realizar tareas comunitarias durante un año, pagar $100.000 como reparación y cumplir reglas estrictas de conducta, como no consumir alcohol ni drogas y presentarse cuando sean citadas por la Justicia.
Si incumplen cualquiera de estas condiciones, el beneficio se revocará y enfrentarán juicio. La situación más comprometida es la de López Cansillieri, quien podría recibir una pena efectiva si no acepta un juicio abreviado. De lo contrario, deberá enfrentar un debate oral donde las pruebas ya reunidas juegan en su contra.
