Un fuerte ajuste comenzará a ser implementado por Vialidad Nacional, lo que implicará que unos 1.600 trabajadores sean desvinculados tras el vencimiento de la concesión de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), empresa encargada del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y del tramo Victoria – Rosario.

El recorte ha sido dispuesto por la actual gestión y será ejecutado por el menemista Marcelo Campoy, quien ha sido designado para llevar adelante un plan de ajuste interno, mediante el cual el plantel operativo será reducido de 5.400 a 3.800 agentes, si no se emite una contraorden de último momento.

Todas las obras viales en curso serán paralizadas, sin que se tenga en cuenta el grado de avance de cada una. Esta medida ha sido justificada por restricciones presupuestarias, las cuales han sido utilizadas como argumento para la suspensión indefinida de contratos con empresas constructoras. Como consecuencia, la infraestructura y seguridad vial del país se verán gravemente afectadas, según advirtieron diversos sectores.

El ajuste también se enmarca en la derogación de la Ley 505/58, que definía a Vialidad Nacional como un ente autárquico con funciones claves para el desarrollo vial. A partir del 9 de abril, el Estado tomará el control temporal del corredor vial que operaba CRUSA y el cobro de peajes será eliminado en varias estaciones. Sin embargo, cerca de 500 trabajadores de la concesionaria no serán absorbidos por el Estado y su situación laboral quedará en total incertidumbre.

La lista de despidos ha sido elaborada por funcionarios recientemente incorporados a la estructura del organismo, entre ellos Martín Luis Augusto y Vanesa Viviana Gioia, ambos identificados con La Libertad Avanza y sin experiencia previa en gestión vial.

La medida ha sido duramente rechazada por los sindicatos y trabajadores del sector, quienes han denunciado que los despidos y el freno a las obras deteriorarán gravemente el sistema vial nacional. El impacto será especialmente grave en el Distrito 1 de la provincia de Buenos Aires, donde se ha señalado una clara intencionalidad política en la selección del personal afectado, en medio de la disputa entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei.

Según se publicó en Infogremiales, el plan de reestructuración busca avanzar con la privatización de servicios y reducir al mínimo la intervención estatal en la gestión de la red vial nacional.