Unos 50 gremios denunciarán a Luis Caputo por fondos adeudados a las obras sociales
Un grupo de alrededor de 50 gremios prepara una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, para reclamar la liberación de $688.000 millones destinados al financiamiento de las obras sociales sindicales. La iniciativa, encabezada por el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, apunta al funcionario por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los sindicatos exigirán que esos recursos sean reintegrados al sistema de la seguridad social. El planteo fue acordado en una reunión realizada en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), con la participación de la UOM Capital, conducida por Roberto Bonetti, y el respaldo del Sindicato de Comercio de Armando Cavalieri, que administra OSECAC, una de las principales obras sociales del país.
Por qué los gremios reclaman $688.000 millones
Según el planteo elaborado por los asesores legales de los sindicatos, el monto reclamado se divide en dos partidas. La primera corresponde a $288.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución. Se trata de remanentes de una partida presupuestaria de $148.000 millones aprobada en 2023 para atender prestaciones críticas, entre ellas las vinculadas con discapacidad. De acuerdo con la información difundida por los gremios, esos fondos no fueron ejecutados en su totalidad y los montos crecieron luego de permanecer depositados en plazos fijos en el Banco Nación.
La segunda partida asciende a $400.000 millones y corresponde al Fondo de Emergencia y Asistencia. Son recursos derivados de un acuerdo de pago alcanzado en 2017 con la prepaga OSDE por una controversia sobre aportes que no habían sido ingresados. Esos fondos fueron transferidos a la órbita estatal mediante el Decreto 251/19 y, según el reclamo sindical, permanecen sin liberar.
Los gremios también reclaman actualizar los valores de los medicamentos
La presentación judicial incluirá otro pedido: la actualización del nomenclador oficial de medicamentos. Los dirigentes sindicales sostienen que los valores permanecen congelados desde hace casi tres años y que las obras sociales recuperan apenas el 10% de los gastos reales en farmacia y tratamientos de alta complejidad.
El exdirector de la Superintendencia de Servicios de Salud y actual asesor de la CGT, Luis Scervino, describió el escenario como una “encerrona financiera”. Según explicó, la caída del poder adquisitivo de los salarios y el incremento de los costos médicos presionan sobre las cuentas de las entidades.
Scervino también advirtió que el 90% de los fondos de redistribución se destina a prestaciones por discapacidad, lo que reduce el margen disponible para financiar tratamientos de alta complejidad.
La disputa por las obras sociales expone diferencias dentro de la CGT
El reclamo de Barrionuevo también refleja diferencias de estrategia dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras la conducción de la central obrera mantiene conversaciones con el ministro de Salud, Mario Lugones, el sector gastronómico impulsa una postura de mayor confrontación con el Gobierno.
En ese contexto, UTHGRA ratificó una huelga nacional con movilización al Ministerio de Capital Humano para el 16 de noviembre. Entre sus reclamos figuran la homologación de acuerdos paritarios y la certificación de sus autoridades electas. Además, el gremio insiste con la convocatoria a un paro general de 36 horas contra las medidas económicas del presidente Javier Milei.
La crisis de financiamiento también afecta el funcionamiento cotidiano de las obras sociales. Según el planteo sindical, numerosas organizaciones deben destinar recursos propios para sostener los pagos a clínicas, sanatorios, profesionales y proveedores de medicamentos.
