La investigación por las reiteradas amenazas en establecimientos educativos de Tucumán sumó un nuevo capítulo. El Ministerio Público Fiscal (MPF) comenzó a citar a los padres de los presuntos responsables y analiza impulsar acciones civiles para que afronten los gastos ocasionados por los operativos de seguridad desplegados en cada caso.
Las reuniones fueron encabezadas por la Unidad Especializada de Delitos Complejos, bajo la conducción de la fiscal Mariana Rivadeneira, quien informó a las familias sobre la magnitud de las consecuencias generadas por estos episodios.
Desde la Justicia remarcaron que no se trató de simples travesuras. Las amenazas y pintadas obligaron a evacuar escuelas, movilizar equipos de Criminalística y Delitos Telemáticos, además de requerir la intervención de jueces, autoridades educativas y fuerzas de seguridad.
Responsabilidad civil de los padres
Aunque la edad de los involucrados podría impedir una condena penal por aplicación de la legislación vigente en materia de minoridad, esto no excluye la responsabilidad de sus tutores.
«La autoridad puede instar, en cada caso concreto, acciones tendientes a compensar la erogación de gastos que produjo el supuesto ilícito y los hechos investigados«, señalaron fuentes judiciales tras los encuentros realizados este viernes.
De este modo, los padres podrían ser demandados para reintegrar al Estado provincial los recursos invertidos en patrulleros, personal especializado, investigaciones tecnológicas y las horas perdidas del ciclo lectivo.
Buscan frenar nuevos casos
La medida apunta a establecer un antecedente que desaliente la proliferación de amenazas que alteran el normal funcionamiento de las instituciones y generan preocupación en toda la comunidad educativa.
Los operativos incluyeron presencia policial en las inmediaciones de los colegios, tareas de contención y complejos rastreos digitales para determinar el origen de los mensajes y las pintadas.
En las últimas semanas, la situación escaló de manera significativa, lo que obligó a una articulación inmediata entre directivos escolares, equipos interdisciplinarios, el Ministerio de Educación y el Poder Judicial.
