El Gobierno argentino retomó negociaciones en Washington con el objetivo de revertir los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump durante su anterior mandato. La medida forma parte de la disputa comercial con China, que tuvo efectos colaterales sobre países como Argentina.

La delegación técnica está encabezada por el embajador Luis María Kreckler y el secretario Pablo Lavigne, quienes mantienen reuniones con funcionarios de la Secretaría de Comercio estadounidense y de la Oficina del Representante Comercial (USTR). Esta es la segunda reunión en menos de un mes, lo que refleja la prioridad que el tema tiene para la gestión de Javier Milei.

Uno de los principales obstáculos es la imprevisibilidad de Trump respecto a sus decisiones arancelarias, condicionadas por su estrategia comercial con China. A esto se suma la fragilidad política del oficialismo argentino, que limita su capacidad para avanzar con las reformas regulatorias exigidas por Estados Unidos.

El informe anual de la USTR subraya las diferencias estructurales entre ambas economías y detalla los cambios que Argentina debería implementar para sortear las barreras comerciales. Estas incluyen cuestiones vinculadas a aranceles, barreras no arancelarias y derechos de propiedad intelectual.

En respuesta, el gobierno argentino eliminó 23 resoluciones vinculadas al control de importaciones, en un intento por mostrar señales de apertura comercial. También se resaltó la detención de Jorge Omar Castillo, apodado “el Rey de la Salada”, como parte de una política contra la falsificación y la evasión fiscal.

A pesar de estos gestos, las posibilidades de éxito dependen directamente de una decisión política de Estados Unidos. Aunque Milei y Trump comparten afinidades ideológicas, no hay certeza de que esto se traduzca en beneficios concretos para el comercio bilateral.

Con una tregua vigente hasta julio, Argentina apura las gestiones para asegurar la continuidad de sus exportaciones, aunque el escenario continúa marcado por la incertidumbre.