Dos recientes fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo frenaron despidos masivos, encendiendo tensiones entre el Gobierno, sindicatos y la Justicia.

En el caso más relevante, se ordenó la reincorporación de 3155 trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este fallo marcó un precedente en el sector público. Simultáneamente, 25 empleados despedidos de la empresa química Fademi SA, en Entre Ríos, recuperaron sus empleos tras una huelga.

Las medidas judiciales fueron impulsadas por sindicatos como Aefip, Supara y el gremio químico. Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, los fallos generan incertidumbre para empleadores e inversores.

Un caso adicional, relacionado con el recorte salarial de una empleada pública, derivó en la renuncia de Rodolfo Barra, jefe de la Procuración del Tesoro. El funcionario fue acusado de no defender los intereses del Gobierno con eficacia.

Los jueces laborales, considerados cercanos al kirchnerismo, han sido cuestionados por supuestos sesgos ideológicos. Esto ha intensificado las tensiones entre la Justicia y el Ejecutivo.

Mientras tanto, la tregua entre el Gobierno y la CGT, basada en garantías para las obras sociales y estabilidad sindical, se mantiene. Sin embargo, el escenario político y económico sigue siendo incierto. Las reformas laborales enfrentan obstáculos, y la influencia sindical se refuerza en un contexto de conflictividad creciente.