La denuncia por operaciones bancarias sospechosas en municipios de Tucumán, Catamarca y Salta, por más de $39.000 millones, avanza en la Justicia Federal. La causa fue remitida a la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, a cargo del fiscal subrogante Rafael Vehils Ruiz, quien confirmó que ya se han solicitado medidas en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
“La causa está en movimiento. Se han solicitado medidas en coordinación con la Procelac”, afirmó el fiscal, aunque evitó dar detalles para no entorpecer la investigación. El caso involucra extracciones bancarias sin documentación respaldatoria en municipios de tres provincias entre enero de 2023 y octubre de 2024.
Municipios bajo investigación
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) identificó extracciones en ocho municipios por un total de $39.487 millones:
- Tucumán: Banda del Río Salí ($17.256 millones), Famaillá ($11.449 millones), Lules ($4.217 millones) y Monteros ($3.923 millones).
- Catamarca: Belén ($624 millones), Icaño ($1.113 millones) y Corral Quemado ($771 millones).
- Salta: San Carlos ($131 millones).
Según la UIF, los fondos extraídos en efectivo sin justificación podrían haber sido destinados a campañas electorales. La Procelac, encabezada por Diego Velasco, presentó una denuncia para esclarecer el uso de estos fondos y determinar si fueron parte de maniobras para ocultar contribuyentes políticos ilegales.
La postura de los ex intendentes
Los ex jefes municipales Darío Monteros (Banda del Río Salí), José Orellana (Famaillá), Carlos Gallia (Lules) y Francisco Serra (Monteros) fueron mencionados en la investigación, ya que estaban a cargo cuando ocurrieron las extracciones. Ellos aseguran que el retiro de dinero por ventanilla es una práctica común en los municipios y que los fondos se utilizaron para:
- Pago de trabajadores no bancarizados.
- Asistencia social y compra de medicamentos.
- Gastos de espectáculos (artistas, sonido y escenario).
Asimismo, destacaron que cuentan con documentación respaldatoria y que están a disposición de la Justicia. También cuestionaron la intencionalidad de la denuncia. “Se ha mediatizado desde la política, no desde los hechos concretos”, afirmó Monteros. Orellana calificó la acusación como un «ardid político» y señaló que otras municipalidades no fueron mencionadas, a pesar de operar de manera similar.
Gallia expresó su malestar ante la difusión de la investigación sin notificación previa: “Nos enteramos por los medios”. Serra, por su parte, atribuyó la denuncia al clima político: «Siempre aparecen estas acusaciones en año electoral».
