La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) posibles maniobras de desvío de fondos en la Municipalidad de Banda del Río Salí, en Tucumán. Según el informe, se detectaron operaciones sospechosas por un total de 17 mil millones de pesos en un período determinado, lo que equivale a un promedio de mil millones de pesos por mes.

El legislador José Cano se refirió a la situación en una entrevista con Radiodinámica, donde expresó su preocupación por el manejo de los recursos públicos y las deficiencias estructurales que aún persisten en la provincia.

«Esto explica el atraso de Tucumán»

Cano comparó la situación de Tucumán con la de otras provincias del norte argentino que lograron importantes avances en infraestructura, turismo y servicios públicos.

«Nos preguntamos por qué Santiago del Estero tiene un estadio único, por qué Termas de Río Hondo es un polo turístico internacional, por qué Salta desarrolló su infraestructura y por qué Jujuy pasó de ser una provincia inviable a construir 250 escuelas con energía solar. La explicación es esta: el desvío de fondos públicos ha hecho que Tucumán siga perdiendo posicionamiento«, afirmó.

El legislador también criticó la falta de inversión en áreas sensibles como la educación y la seguridad.

«Recorremos escuelas donde los chicos pasan frío en invierno y sufren el calor en verano sin aire acondicionado. Hay comisarías destruidas, calles en estado deplorable y barrios sin acceso a agua potable«, sostuvo.

Tras conocerse la denuncia, el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una «campaña para ensuciar su imagen y la del gobernador Osvaldo Jaldo» en un año electoral. Monteros afirmó que cuenta con toda la documentación para demostrar en qué se utilizaron los fondos municipales.

Cano, por su parte, respondió que lo más importante es que el municipio rinda cuentas ante la justicia y la sociedad.

«Lo que hay que hacer es dar explicaciones. Mostrar en qué se usaron esos 17 mil millones de pesos. Si se usaron para construir escuelas, pavimentar calles o mejorar la infraestructura, que presenten las pruebas«, señaló.

El legislador también cuestionó la falta de control sobre los fondos municipales y provinciales.

«¿Para qué está el Concejo Deliberante de la Banda del Río Salí? ¿Para qué están los concejales? Son ellos quienes deben controlar la cuenta de inversión y la calidad del gasto público«, afirmó.

Asimismo, remarcó que sin un Poder Judicial independiente, este tipo de situaciones se repiten sin consecuencias. «Si el fiscal de Estado termina siendo presidente de la Corte y el Ministerio Público Fiscal no actúa con independencia, cada uno hace lo que quiere porque sabe que no va a pasar nada», advirtió.

Un debate profundo sobre el futuro de la provincia

Cano consideró que este tipo de prácticas contribuyen al desprestigio de la política y llamó a la sociedad a involucrarse en el debate sobre el modelo de provincia que se desea construir.

«No es solo responsabilidad de quienes gobiernan. Es una responsabilidad colectiva. Si se comprueba que hubo irregularidades, tiene que caer todo el peso de la ley», concluyó.

Por el momento, la Procelac continúa con la investigación y se espera que Monteros presente la documentación que acredite el destino de los fondos denunciados. Mientras tanto, la situación sigue generando un fuerte impacto en la política tucumana.