El Gobierno provincial solicitó a la Justicia el levantamiento del embargo que afectaba las cuentas de la Municipalidad de Tafí Viejo, en el marco de una causa de ejecución fiscal iniciada por la Dirección General de Rentas por una deuda de aproximadamente $196 millones.
La medida se tomó luego de que el municipio, actualmente dirigido por la intendenta Alejandra Rodríguez, iniciara los trámites para regularizar la situación impositiva. La presentación judicial fue realizada por la apoderada fiscal del organismo recaudador, Carolina del Valle Gilli, quien se basó en un informe de verificación de pago firmado por Rosa Díaz, jefa de la División de Control de Cobros Judiciales.
El expediente obligaba a que cualquier tipo de fondo perteneciente a la municipalidad, ya sea dinero, títulos, acciones o valores, fuera depositado en el Banco Macro, sucursal Tribunales. Sin embargo, la medida no llegó a ejecutarse gracias a un principio de acuerdo alcanzado entre las partes.
Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Daniel Abad, confirmaron que la medida cautelar queda sin efecto. Por su parte, fuentes cercanas al gobernador Osvaldo Jaldo explicaron que la decisión apunta a evitar mayores conflictos institucionales en un contexto político tenso.
El conflicto surge tras la decisión del municipio de retirarse del Pacto Social en febrero, dando inicio a un proceso de autonomía financiera. La situación se enmarca en una serie de tensiones entre el oficialismo provincial y el sector justicialista que responde al exintendente Javier Noguera y al senador Juan Manzur, en medio de diferencias sobre la relación con el Gobierno nacional.
