Una cooperativa que fabrica bloques de cemento en la zona del puente Lucas Córdoba reclama que ocupantes ilegales impiden la producción.

Integrantes de la cooperativa “Cartoneros en movimiento” denunciaron públicamente que no pueden continuar con su trabajo debido a la ocupación ilegal de terrenos fiscales que les fueron cedidos por el Estado para producir bloques de cemento, postes y macetas. Aseguran que desde hace casi dos años la actividad está paralizada por la presencia de usurpadores que incluso estarían vendiendo los terrenos.

La cooperativa fue creada en 2012 bajo el programa Potenciar Trabajo, y en sus inicios contaba con 60 familias. El predio se ubica a la vera del río Salí, cerca del puente Lucas Córdoba, en un sitio estratégico por la cercanía a fuentes de áridos. Allí construyeron tres galpones y comenzaron a trabajar con ayuda estatal. En 2019, tras consolidar el proyecto, dejaron de percibir planes sociales y continuaron de forma independiente.

Según explicó César Rodríguez, vocero del grupo, los problemas comenzaron en 2023 tras la muerte de Miguel Malangoni, impulsor del emprendimiento. Luego de ese hecho, representantes de otra cooperativa, La Arbolada, pidieron usar uno de los galpones, solicitud que fue aceptada. “Después dijeron que se quedarían a dormir para cuidar las cosas, y ahí comenzó lo peor”, relató Rodríguez.

Con el tiempo, integrantes de la familia Herrera comenzaron a ocupar más espacio en el predio, con la supuesta intención de vender terrenos. Rodríguez afirmó que presentaron una acta notarial de cesión de derechos posesorios, que consideran falsa, y por ello radicaron una denuncia.

La cooperativa presentó imágenes y capturas de redes sociales como prueba, donde se promocionaban lotes a valores de entre $2 millones y $4 millones. Incluso se detallaban pagos en cuotas. Dos de los señalados como vendedores serían policías en actividad.

El caso fue tomado por la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, y luego derivado al fiscal Carlos Saltor, quien inició una investigación. Según la Dirección General de Rentas, parte del terreno es de la Nación y otra parte de la Provincia. La Fiscalía de Estado se sumó a la causa con los abogados José María Molina y Santiago Luis Xamena.

“No queremos quedar pegados con alguna irregularidad. Solo pedimos recuperar las tierras para seguir trabajando”, sostuvo Rodríguez, quien también denunció que La Arbolada produce bloques de cemento, lo que perjudica sus ventas. Además, dijo que al ocupar el primer galpón impiden el acceso de los clientes al depósito.

La Gaceta intentó comunicarse con los acusados de usurpación y su abogado defensor, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, el fiscal Saltor evalúa cómo seguirá el expediente.